Por Decio Machado
A media mañana del pasado
18 de junio comienzan a llegar camiones y buses con personal de la Policia
Nacional y del Ejército al sector Monte Sinaí. Algunos vecinos los van
contando, suman más de sesenta vehículos. Según datos oficiales, en la
operación de desalojo fueron movilizados 1.500 Policías Nacionales –gran parte
de ellos de los grupos de élite-, 500 militares, y 55 polícias de tránsito que
se encargaron de acordonar los accesos viales a la zona. Ante el estupor de la
población, aparecen perros y policía montada entre las fuerzas de choque. Un
helicóptero sobrevuela permanentemente la zona mientras los más de 2.000 efectivos
proceden con la destrucción y quema de 93 viviendas entre lloros, gritos y
desmayos de los moradores afectados.
Pero hagamos historía. Guayaquil
es una ciudad que ha crecido en función de los asentamientos irregulares, los
cuales desde la década de los noventa han sido controlados por traficantes de
tierra. Según la arquitecta Patricia Sánchez, experta en mercados informales de
suelo, “el sector marginal urbano ha carecido de otras formas de acceder a la
vivienda que no sea a través del traficante de tierras, pues ni el Ministerio
de la Vivienda, ni la Municipalidad, han ofrecido alternativas adecuadas a las
condiciones económicas y sociales de la población, no dando respuestas a la
magnitud del grave problema habitacional que sufre la ciudad”. Dicha situación
aun persiste. Según datos del INEC –Censo 2010-, la población urbana de
Guayaquil es de 2.278.691 habitantes, de los cuales el 70% es pobre. El municipio
estima que unas 6.465 familias humildes demandan vivienda anualmente, lo que
significa la demanda de 39.000 viviendas en los últimos seis años. Sin embargo,
según los datos extraidos de la página web del MIDUVI, los bonos para nueva
vivienda entregados en toda la provincia del Guayas entre 2007 y 2012 suman 12.360,
siendo la vivienda construida por el Municipio de la ciudad en ese mismo
período de apenas 3.145 viviendas. En resumen, durante la gestión del actual
gobierno no se han cubierto las necesidades generadas en materia de vivienda
durante en ese mismo período, agravándose más aun la situación de déficit
habitacional en la ciudad, calculada en 2006 en unas 750.000 viviendas.
Así nos cuenta Doña Felicita
Ortíz, moradora de la cooperativa Thalía Toral, que unos días antes de este último
desalojo sacaba como podía los enseres de su vivienda: “Ante la imposibilidad
económica de comprar una vivienda, decidí adquirir mi lotecito en el año 2006 y
al año siguiente ya había abonado una parte significativa del monto total y me
vine a vivir. Ahora tenemos miedo, a mi no me ha llegado notificación de
desalojo, pero mi nieta y yo que vivimos juntas nos vamos, hemos visto como se
han derribado las casas de muchos de nuestros vecinos a los que tampoco se les
había notificado anteriormente. La plata que gano es para el diario, esa es la
realidad de la mayoría de nosotros, no tengo capacidad para pagar una vivienda
de esas que nos ofrece el Estado. Todos acá rogamos a Dios que el Gobierno recapacite
y tenga un poco de corazon”.
Francisco Cedeño, un
emigrante retornado de España hace cinco años, indica que la mayoría de la
población local vive del reciclaje, carpintería, albañilería, pequeño comercio
o venta ambulante, así como de la cría de animales. “No tenemos nómina, no
tenemos mecanismos de acceso a la vivienda social que nos propone el gobierno.
Esta situación ya ha pasado con mucha gente que fue desalojada con anterioridad
y que teóricamente iba a ser reubicada en el complejo habitacional de Ciudad
Victoria”, explica Cedeño, y prosigue: “además, la mayoría de las familias que
vivimos acá tenemos entre tres y cinco hijos, incluso hay gente que tiene hasta
ocho, ¿como pretenden meternos en viviendas de 40 metros con solo dos
habitaciones?”. De igual manera se manifiesta Ángel Pavón, vecino de la
cooperativa Esfuerzo Propio, quien llegó en 2009 invirtiendo USD 2.500 en un
terreno de unos 100 m2, “vendo agua, cepillos y otros productos por las calles
de Guayaquil. Con cuatro hijos, uno de ellos de apenas seis años, ¿a donde
vamos a ir? Tengo osteoporosis, no consigo un trabajo formal, todavía le debo
algo de dinero al Hogar de Cristo por la casita de caña en la cual vivo, y a
pesar de no estar aún notificado tengo miedo, todas mis ilusiones de construir
un futuro digno para mi familias se han ido al traste”. Neiser Mina, otro
vecino de Monte Sinaí sentencia: “Me sacan de mi casa y me quieren meter en una
vivienda de 40 m2 y a eso lo llaman dignidad y buen vivir…”.
También hay moradores de
origen colombiano con el estatus de refugiado que han sido desalojados en la
zona. Vanessa G. relata entre sollozos como su casa en Thalia Toral fue
destruída en el desalojo del 10 de mayo: “Nunca vi a tanto niño llorar mientras
quemaban sus casas. Aunque mi esposo
compró la tierra en 2008, construimos y vivimos acá hace dos años y medio. Tan
solo pude salvar tres paredes de mi casa, la cual estoy pagando aun al Hogar de
Cristo. Dormí dos semanas en la calle frente a lo que había sido mi casa en una
carpita que me fabriqué, no tenía a donde ir, pero la policía llegó y me obligó
a marcharme. Eramos tres familias viviendo juntas, nunca nos llegó la
notificación. Vine a este país refugiada desde Colombia, nunca pensé que en
Ecuador el Ejército fuera a tumbarme mi casa. Hasta mi hija de nueve meses se
enfermó de los ojos por el humo de los incendios de las viviendas desalojadas.
Mi esposo es tanquero, no aplica para el Plan Vivienda, no se que vamos a hacer
y a donde ir”.
Los vecinos del lugar se
han organizado en torno a la Red Comunitaria Monte Sinaí, una asociación aun
informal con apenas dos meses de existencia, que agrupa según sus voceros a unas
15.000 familias de la zona. Básicamente sus demandas son: regularizar sus
viviendas, atender los pagos del servicio de electrico –tarifa de la dignidad-
y que intervenga el municipio en tareas de asfaltado y saneamiento para
dignificar las zonas en las que habitan. Dario González Zambrada, uno de los
voceros de la Red indica: “el año pasado trabajé para el Ministerio de Salud
como técnico de asistencia primaria y nadie me dijo que fuera terrorista, ahora
que cuestionamos los desalojos nos hemos enterado de que el Fiscal Distrital
del Guayas ha abierto una investigacion previa sobre algunos de los dirigentes
locales”. Según González, ha habido interés desde algunos sectores partidistas
por politizar esta situación, pero la Red Ciudadana se ha mantenido firme en no
permitirlo, “lo que está en juego es el futuro de nuestras familias”. La Red ha
organizado mingas con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Riesgos en el
sector, y reclaman la mejora en las infraestructuras del barrio, pero tanto el
Municipio como el Gobierno Central “se tiran la pelotita unos a otros y nadie
hace nada, todos nos dicen que tras el decreto de enero del 2011, en el cual el
presidente Rafael Correa declara el área como Reserva de Seguridad, no pueden
intervenir”.
Según Billy Navarrete,
secretario del Comité Permanente de los Derechos Humanos, “ante la gravedad de
los sucesos, Amnistía Internacional ha solicitado información general sobre la
situación de los desalojos en Ecuador. Además se han solicitado medidas
cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Para las
organizaciones sociales implicadas en la defensa de los derechos de los
moradores, se están violando derechos constitucionales como el acceso a la
vivienda o el hecho de que todas las personas desplazadas tienen el derecho a recibir protección
y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a
alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Navarrete
denuncia a su vez que no hay mesas de diálogo entre los sectores sociales y las
instituciones públicas implicadas en los desalojos, “tres universidades de
Guayaquil se han expresado abiertamente en relación al tema en los mismo
términos que el Comité, sin embargo no hay respuestas de la Administración”.
Entre las muchas irregularidades que se denuncian
sobre el actuar de la Gobernación y la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares,
destaca el hecho de que según los “Principios básicos y directrices sobre los
desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”, en su artículo 42
se indica que “cualquier decisión
relacionada con los desalojos debe anunciarse por escrito en el idioma local a
todas las personas afectadas, con suficiente antelación (...) todos los
detalles de la alternativa propuesta (…) y cuando no hay alternativas, todas
las medidas adoptadas y previstas para reducir al mínimo los efectos
perjudiciales de los desalojos”; de
igual manera, en su artículo 43 se indica que “los desalojos no deben generar
personas sin hogar (…) el Estado debe prever la adopción de todas las medidas
apropiadas, hasta el máximo de los recursos disponibles, especialmente a favor
de los que no pueden ganarse la vida, para garantizar que se disponga o se
ofrezca vivienda adecuada alternativa, reasentamiento o acceso a tierras
productivas, según el caso (…); y en su artículo 61 que ”todas las personas
desalojadas, independientemente de si poseen un título de propiedad, deben
tener derecho a una indemnización por la pérdida, el rescate y el transporte de
sus bienes afectados”.
Por otro lado, según la publicación "Proyectos emblemáticos en la Zona 8", elaborada por la SENPLADES el presente año, se planifica una Programa Nacional de Vivienda Urbana en Monte Sinaí con infraestructura básica que beneficiará a 3.622 familias con una inversión de USD 75 millones. El modelo a seguir es el de Ciudad Victoria, donde la vivienda más económica que se ofrece, tiene un costo de $ 12.500 y un área de 40 m2, con un subsidio habitacional de $ 6.000. Para la adjudicación de dichas viviendas se exige un ahorro de $ 1.250 y un crédito aprobado por instituciones financieras de $ 6.250, a pagarse entre 10 y 12 años, en cuotas de $ 80 dólares mensuales en promedio. Sin embargo, a pesar de las "teóricas" facilidades dadas por el gobierno para la reubicación de los beneficiarios, la respuesta de las familias sorprende a las autoridades; de las 3.622 familias favorecidas con la reubicación, solo 421 han presentado sus solicitudes.
Algunos problemas que devienen del modelo urbanístico de vivienda social implementado por el Gobierno son fácilmente detectables: Ciudad Victoria es un programa ofertado en la lógica del mercado, lo que implica que el comprador de la vivienda debe tener unas condiciones de ahorro de las cuales gran parte de la población afectada por las condiciones de precariedad estructural existente carece; gran parte de las familias que están siendo desplazadas no son sujetos de crédito para las entidades financieras que han de avalar el crédito; además, los asentamientos informales sustentan su vida cotidiana bajo fórmulas de redes sociales basadas en la confianza y la reciprocidad que tienen su articulación bajo lógicas notablemente distintas a la capacidad monetaria de los implicados -este es el caso del cuidado de los niños por familias vecinas, la primera habitación o incluso la salud y el empleo-, elementos que se pierden en los conjuntos residenciales diseñados por el Gobierno. La arquitecta Sánchez añade al respecto: "el derecho de construcción tiene una alta valoración en el mundo informal, las familias se autoconstruyen las casas en función de sus necesidades biológicas y económicas. Se amplia una habitación en función del crecimiento de los hijos, se utiliza la mano de obra propia lo que significa un cuantitativo ahorro respecto a la compra de una vivienda, se habilitan espacios en la misma vivienda para el trabajo -comercio, artesanía, crianza de animales...-. Estos elementos hacen que exista un rechazo generalizado al modelo de vivienda social implementado por el gobierno en las zonas que están siendo desalojadas. A todo esto, hay que añadir que la ubicación de estos complejos habitacionales incrementan la distancia respecto a donde sus moradores ejercen su trabajo, condición que implica peor nivel de vida y mayor costo económico para los reubicados".
De esta manera, los verdaderos beneficiarios del negocio del plan de vivienda sociales implementado es únicamente la gran empresa inmobiliaria y no la población humilde reubicada, pues a través de la estandarización del sistema constructivo, los bajos salarios pagados por la mano de obra y la pequeña dimensión de las viviendas, se logra un beneficio económico alto a pesa de los bajos precios.
Los moradores del Monte Sinaí consultados, indican sobre el costo de la vivienda social, que construyendo sus casas en forma de minga y solidariamente con sus vecinos obtienen un ahorro del 50% sobre los precios fijados en Ciudad Victoria y otros complejos habitacionales promocionados por el MIDUVI, además de obtener espacios superiores de vivienda en función de sus necesidades. Además se preguntan porque no se ha contado con ellos para la conformación de estos proyectos habitacionales, si se supone que serán ellos los beneficiarios de dicha política en materia de vivienda.
Por otro lado, según la publicación "Proyectos emblemáticos en la Zona 8", elaborada por la SENPLADES el presente año, se planifica una Programa Nacional de Vivienda Urbana en Monte Sinaí con infraestructura básica que beneficiará a 3.622 familias con una inversión de USD 75 millones. El modelo a seguir es el de Ciudad Victoria, donde la vivienda más económica que se ofrece, tiene un costo de $ 12.500 y un área de 40 m2, con un subsidio habitacional de $ 6.000. Para la adjudicación de dichas viviendas se exige un ahorro de $ 1.250 y un crédito aprobado por instituciones financieras de $ 6.250, a pagarse entre 10 y 12 años, en cuotas de $ 80 dólares mensuales en promedio. Sin embargo, a pesar de las "teóricas" facilidades dadas por el gobierno para la reubicación de los beneficiarios, la respuesta de las familias sorprende a las autoridades; de las 3.622 familias favorecidas con la reubicación, solo 421 han presentado sus solicitudes.
Algunos problemas que devienen del modelo urbanístico de vivienda social implementado por el Gobierno son fácilmente detectables: Ciudad Victoria es un programa ofertado en la lógica del mercado, lo que implica que el comprador de la vivienda debe tener unas condiciones de ahorro de las cuales gran parte de la población afectada por las condiciones de precariedad estructural existente carece; gran parte de las familias que están siendo desplazadas no son sujetos de crédito para las entidades financieras que han de avalar el crédito; además, los asentamientos informales sustentan su vida cotidiana bajo fórmulas de redes sociales basadas en la confianza y la reciprocidad que tienen su articulación bajo lógicas notablemente distintas a la capacidad monetaria de los implicados -este es el caso del cuidado de los niños por familias vecinas, la primera habitación o incluso la salud y el empleo-, elementos que se pierden en los conjuntos residenciales diseñados por el Gobierno. La arquitecta Sánchez añade al respecto: "el derecho de construcción tiene una alta valoración en el mundo informal, las familias se autoconstruyen las casas en función de sus necesidades biológicas y económicas. Se amplia una habitación en función del crecimiento de los hijos, se utiliza la mano de obra propia lo que significa un cuantitativo ahorro respecto a la compra de una vivienda, se habilitan espacios en la misma vivienda para el trabajo -comercio, artesanía, crianza de animales...-. Estos elementos hacen que exista un rechazo generalizado al modelo de vivienda social implementado por el gobierno en las zonas que están siendo desalojadas. A todo esto, hay que añadir que la ubicación de estos complejos habitacionales incrementan la distancia respecto a donde sus moradores ejercen su trabajo, condición que implica peor nivel de vida y mayor costo económico para los reubicados".
De esta manera, los verdaderos beneficiarios del negocio del plan de vivienda sociales implementado es únicamente la gran empresa inmobiliaria y no la población humilde reubicada, pues a través de la estandarización del sistema constructivo, los bajos salarios pagados por la mano de obra y la pequeña dimensión de las viviendas, se logra un beneficio económico alto a pesa de los bajos precios.
Los moradores del Monte Sinaí consultados, indican sobre el costo de la vivienda social, que construyendo sus casas en forma de minga y solidariamente con sus vecinos obtienen un ahorro del 50% sobre los precios fijados en Ciudad Victoria y otros complejos habitacionales promocionados por el MIDUVI, además de obtener espacios superiores de vivienda en función de sus necesidades. Además se preguntan porque no se ha contado con ellos para la conformación de estos proyectos habitacionales, si se supone que serán ellos los beneficiarios de dicha política en materia de vivienda.
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